TXEMA ALEGRE: Educar y enseñar

La Vanguardia, 30.4.04 - 30/04/2004 - 17.35 horas

La educación en España atraviesa una profunda crisis derivada de la confusión con que se han sucedido, particularmente en los últimos años, constantes cambios de orientaciones o criterios -incluso antes de que una nueva iniciativa llegara a consolidarse-, en un permanente contencioso entre escuela pública o privada.

Una crisis derivada tanto de modificaciones de planes de estudio como de la atribución a la comunidad docente de responsabilidades propias de la unidad familiar, como de haber integrado de facto en la escuela los problemas de desestructuración social. Una crisis por no distinguir algo tan simple como es enseñar y educar.

La docencia es arteria vital para la preparación y solidez de toda sociedad y debería gozar de suficiente estabilidad como para no depender de las sucesivas administraciones según quien las gobierne. La Constitución sancionó un modelo principal, en el que conviven escuela pública y privada, y el unico objetivo debería ser formar a las personas. A la escuela corresponde, por tanto, enseñar.

Pero año tras año, se ha caído en la tentación de pretender resolver cada problema surgido en la sociedad derivando a la escuela su solución. ¿Cómo?, integrando en el currículo docente una nueva materia. Así, la formación cívica y constitucional, la religiosa, le ética, la educación vial, las normas de urbanidad, los valores europeos, la educación sexual, el problema del sida, la droga, la anorexia, el respeto y tolerancia a nuevas culturas arribadas de la mano de la migración y últimamente, por iniciativa del ministro Caldera, hasta el respeto al papel de la mujer en la sociedad dentro de un plan global para la erradicación de la violencia de género que no cesa de castigar con horrendos crímenes a las mujeres.

Ese concepto de 'educación integrada' puede llegar a formar ciudadanos mejores, bien educados, pero no garantiza que estos ciudadanos acaben el ciclo docente más y mejor enseñados. Si a la escuela corresponde enseñar, la educación debería ser cosa propia de la sociedad toda, empezando por las responsabilidades familiares.

El objetivo de la escuela debería ser enseñar a las personas a leer (letras o números), a entender las cosas (sucesiones de letras o números), a expresarse con corrección (por escrito o de palabra) y a pensar; en definitiva, prepararles para saber aprender de modo permanente el resto de su vida.

Las sociedades que alcanzan este objetivo con mayor eficiencia son aquellas en las que en sus planes docentes priman dos materias básicas: las matemáticas y la lengua, por encima de las complementarias. La construcción lógica de sus conceptos, sean ecuaciones o sintagmas, la necesidad de saber entenderlos y analizarlos resultan básicos. Para enseñar a entender lo que se lee no basta con enseñar a leer.

Por eso, endosar a la escuela nuevas materias para resolver los problemas de la sociedad en una llamada "educación integrada" podrá ser educación, pero nunca será enseñanza. El profesorado debe saber enseñar, pero no puede ni debe ser psicólogo, asistente social, animador cultural, confesor o asesor legal o sanitario..., ni la escuela el 'parking' de chicos para papás con horarios de trabajo desbordado. Cuantas más "marías" se necesiten para bien educar, menos horas habrá para aprender materias básicas.

Padres de familia y alumnos tienen derecho a esperar que los planes de estudio no dependan de quien gana o pierde las elecciones. UCD, cuando la transición, elaboró una Ley de Centros Escolares (1980) que no gustó al PSOE. Anunció que, si llegaba a gobernar, la derogaría. La recurrió desde la oposición ante el Tribunal Constitucional, que falló a favor de la ley suspendiendo algunos artículos dando la razón al recurso socialista.

Cuando el PSOE llega al poder en 1982, deroga la ley centrista para "hacer la suya" -cuando la que se aplicaba depurada por el Constitucional ya era tan suya como de UCD- y promulga la LODE (1985) que pretende modernizsarse con la LOGSE (1990).

Llega el PP al poder y, en su afán tutelador, supera a sus predecesores y no sólo modifica la ley que regula la enseñanza básica -la ley socialista fracasó ciertamente de puro ambiciosa que era y al no haber recibido dotación presupuestaria para que pudiera aplicarse con efectividad- sino que en apenas ocho años fue capaz de elaborar cuatro proyectos legislativos para la Universidad.

Al retornar al Gobierno, a los socialistas les han bastado dos semanas para paralizar la aplicación de la LOCE popular en todos aquellos puntos en los que la ley no había entrado todavía en vigor.

La enseñanza de los jóvenes requiere de un marco estable y sólido, válido para toda la sociedad -sea conservadora, liberal, progresista-, respetuoso con el modelo constitucional de escuela pública -sea con gestión privada o pública- y de un plan de estudios racional que procure enseñar al joven a ser adulto.

Llevando todos los problemas de una sociedad a la escuela sólo conseguiremos llenar la escuela de problemas. No debería ser ese el objetivo. De momento, parece que es el resultado, al menos, en la enseñanza básica.