Publicado en El Mundo el 15.4.2002

TRIBUNA / POLITICA EDUCATIVA
Los itinerarios de Carme Laura Gil

El autor del artículo rebate las críticas de la responsable de Ensenyament a la futura ley de calidad educativa, y acusa a la Generalitat de favorecer a la red privada dejando a la pública la única finalidad de compensar desigualdades sociales

JESUS BURREL GALINDO

La anunciada Ley de Calidad de la Enseñanza promete ser un plato fuerte de polémica durante los próximos meses. El debate está abierto. En algo coinciden casi todos: en el sistema educativo español hay cosas que no funcionan y deben cambiar. También el PSOE se ha sumado ahora al carro de quienes admiten la necesidad de estos cambios, aunque proponga soluciones tan pintorescas como irrealizables, por ejemplo, conceder reducciones de jornada laboral para ayudar a los hijos con dificultades de aprendizaje.

Hemos dicho «casi todos», porque , en medio del clamor favorable a los cambios, hay una voz solitaria, numantina, en firme defensa de la Logse, o sea de que las cosas sigan igual... de mal. Esta voz es la de la consellera de Ensenyament de la Generalitat, Carme Laura Gil. Sus declaraciones a la prensa, sus intervenciones parlamentarias, sus discursos a directores de centros, son una continua soflama en contra de cualquier cambio que no se acomode a su particular visión de la enseñanza. Habla como quien está en posesión de la verdad pedagógica, descalifica a quien sostiene un modelo alternativo al suyo.

Pero basta escuchar un poquito a la señora Gil para darse cuenta de que tiene mucha voz, dialéctica abundosa, maneras duras y rotundas, pero poca consistencia. Su defensa a ultranza del modelo Logse, que ella tanto contribuyó a consolidar, ignora las reformas educativas que están o han estado efectuando los países que implantaron la escuela comprensiva antes que España. Los itinerarios propuestos por el documento de bases de la futura Ley de Calidad son para la consellera «segregadores». Esta es su palabra talismán.Su mito pedagógico es la comprensividad (todos los alumnos en la misma aula hasta los 16 años). Pero parece ignorar que la mayoría de países de la Unión Europea establecen separaciones curriculares antes de los 16 años. Y quienes mantienen la comprensividad hasta esa edad han establecido mecanismos correctores de los que carecemos en España (bachillerato de 3 años, exámenes al final de la secundaria obligatoria, por ejemplo). Pero ya lo sabemos: todo aquel que defiende este modelo de diversificación está equivocado o es retrofuturista, según la señora Gil. Da la impresión que el equipo del departamento que ella dirige es la reserva pedagógica de Europa.

Tras un discurso gramaticalmente «progresista», la consellera Gil se pone al servicio de un modelo educativo profundamente segregador y, en el fondo, reaccionario. La consellera conoce el gran peso que la enseñanza privada tiene en Cataluña. Y sabe bien que las familias que desean un itinerario escolar de calidad para sus hijos no tienen más que matricularlos en una escuela privada donde no se encontrarán con los «objetores escolares» que perturben a sus hijos, donde no hay «unidades de adaptación curricular» ni alumnos con conductas conflictivas que revientan una clase y la convivencia de todo un centro, y donde hay muy pocos alumnos, o casi ninguno en cursos altos, con «necesidades educativas especiales». Para eso ya está la escuela pública

El modelo educativo de la señora Gil está bien claro: más allá de los fuegos artificiales verbales, la escuela pública no tiene más finalidad que compensar desigualdades, mientras que la privada tiene la de formar las elites que todo sistema educativo ha de generar para que el país funcione. Y ahí están los datos: la consellera, tan «progresista» ella, está subvencionando 5.692 unidades de educación primaria y 3.810 de secundaria privadas, incluidos centros de gran elite social, para que a las familias con los mejores recursos les resulte aún más barato ofrecer a sus hijos estudios de calidad. En el curso actual, en que se han reducido una vez más unidades de centros públicos y ha habido centenares de profesores trasladados forzosos, las unidades de centros privados subvencionados se han incrementado en 500.

Los profesores de la enseñanza pública queremos ofrecer un servicio público escolar abierto a todos, sin exclusiones. Pero queremos y reclamamos el derecho a ofrecer también una vía de excelencia académica. Queremos tener las condiciones necesarias para enviar a una parte importante de nuestros alumnos, independientemente de su condición social y económica, a centros superiores de formación intelectual y profesional, como sucedió en la etapa pre-Logse, cuando los institutos llenaron la universidad de alumnos procedentes de clases trabajadoras modestas. Y para ello pedimos el poder ofrecer itinerarios que puedan adaptarse a la diversidad del alumnado. Ofrecer una escuela pública al servicio de todos, también de quienes buscan la excelencia académica, eso sí es progresista.Así lo entienden muchos gobiernos europeos, a los que no les crea problemas acabar con la comprensividad antes de los 16 años.Algo que no parece entender la señora Carme Laura Gil, o quizás comprende muy bien, pero sigue su propio guión: la enseñanza pública para unos y la privada para otros. Está claro que, para ella, eso no es segregador.

Jesús Burrel Galindo es presidente de la Associació de Catedràtics d'Ensenyaments Secundaris de Catalunya, y suscriben también este artículo las asociaciones AMES-FPS, APC, APE Juan Boscán y APFC.