La Vanguardia, 14 de abril, 2004
Cartas al Director
Recomendar el incumplimiento de una norma de obligado cumplimiento por el simple hecho de que no le gusta a una persona o porque quizás en un futuro pueda ser reformada es un disparate jurídico: todas las leyes siempre se reforman, se modifican o se derogan. Además, en el caso del anuncio efectuado por el Departament d’Ensenyament de no cumplir preceptos en vigor de la LOCE es también un error cívico teniendo en cuenta que quien lo sugiere tiene la responsabilidad de la educación de los ciudadanos. ¿Se imagina el lector qué pasaría si en los centros docentes cada vez que se anuncia el cambio de una ley se paraliza la que está en vigor?
Además, detener toda la aplicación de la LOCE, con la excusa de restablecer un consenso es, sencillamente, engañar a la opinión pública. Quienes piden una “moratoria” en la aplicación de todas las medidas, sin excepción, saben perfectamente que hay un amplísimo consenso para erradicar la promoción automática, por ejemplo. Como también hay un gran consenso en que la aplicación de los Programas de Iniciación Profesional (PIP) es una necesidad que piden los profesores que cada día entran en una clase de segundo ciclo de la ESO. Cierto que hay elementos muy polémicos en la LOCE, pero también otros que cuentan con el respaldo muy mayoritario del profesorado. ¿Por qué paralizarlo todo?
Quienes han roto el consenso son los que aplazan medidas que cuentan con amplísimos respaldos, quienes toman decisiones sin preguntar al profesorado. Apelar al diálogo y suprimir por decreto soluciones por las que venimos clamando los profesores desde hace años es un sarcasmo que llena de decepción a muchos docentes. Basta darse una vuelta por los centros educativos y comprobarlo.
Felipe-José de Vicente Algueró
Presidente de la Associació de Catedràtics d’Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC)