¿QUIÉN SE ACUERDA DE LA LEY MOYANO?

Felipe J. de Vicente Algueró, Presidente de la Associació de Catedràtics d'Ensenyaments Secundaris de Catalunya (ACESC)

La Vanguardia, 11-VIII-2007

FELIPE J. DE VICENTE ALGUERÓ - El 17 de julio de 1857 fue promulgada la ley de Bases, autorizando al Gobierno para formar y promulgar una ley de Instrucción Pública, que ponía los fundamentos de la educación española y que se mantuvo vigente hasta su derogación por la ley General de Educación de 1970. Durante más de cien años, pues, la conocida como ley Moyano fue el marco general del sistema educativo español, el paraguas bajo el que se acogieron diferentes planes de estudio, el primero de los cuales se aprobó, como ley de Instrucción Pública, en septiembre del mismo año.

Los principios generales de la educación española durante más de un siglo, consagrados en la brevísima ley Moyano, fueron: centralización (la educación se dirigía desde Madrid), uniformidad (los planes de estudio serían idénticos para toda España), estatalización (el Estado asumía el servicio público y su control, aunque tardara muchos años en asegurar este servicio a todos los ciudadanos) y libertad de enseñanza (capacidad de creación de centros privados). Algunos de sus principios ya no sirven en un Estado descentralizado como el actual.

La ley Moyano atravesó regímenes políticos bien diversos y gobiernos no menos dispares, desde la derecha hasta la izquierda. Su larga duración histórica se debe, sobre todo, a que fue una ley de consenso entre moderados y progresistas (derecha e izquierda del momento). Aunque poco queda de la ley, su espíritu sigue siendo válido: la necesidad de consensuar las bases, los principios fundamentales del sistema educativo. Después, cada gobierno puede cambiar o adaptar los planes de estudio, pero respeta lo fundamental.

Ciento cincuenta años después de la ley Moyano, lo que caracteriza al sistema educativo español es la falta de consenso entre los grandes partidos y entre los gobiernos y quien ha de aplicar las leyes, el profesorado. Ni la Logse (PSOE), ni la LOCE (PP), ni ahora la LOE (PSOE) son leyes de consenso. La falta de acuerdo convierte las leyes educativas en transcripción legal del programa político de un partido y las condena a incertidumbre en su futuro y a vaivenes en su aplicación. Así, en Catalunya, el próximo curso vamos a poner en funcionamiento la tercera gran reforma de la ESO desde que se generalizó a mediados de los noventa. Algunas de las novedades de la LOE no gozan del necesario consenso, como la asignatura educación para la ciudadanía o la duración del bachillerato. De poco sirven los continuos toques de atención del profesorado sobre los abultados errores del sistema, pues sigue siendo el gran olvidado por los políticos, que no lo consulta ni tan siquiera sobre los currículos que ha de aplicar.

La educación es un gran reto social y, si ha de implicar a toda la sociedad, las reformas educativas deben hacerse sobre la base de un gran consenso. España sigue a la cola en las pruebas PISA y no parece que este dato haya movilizado suficientemente a la sociedad. Dinamarca salió también malparada en las pruebas PISA (aunque menos que España) y este dato movió a un gran debate social y a una reforma educativa que se ha hecho por consenso. También el acuerdo, precedido por un importante debate social, ha presidido las reformas recientes en otros sistemas educativos de la OCDE. Lamentablemente, el consenso sigue ausente en España y cada partido nos viene con su particular receta, sin que ninguna pueda curar al gran enfermo: un sistema que deja sin salida al 30% de los estudiantes que no consiguen ni tan sólo terminar satisfactoriamente la ESO.