La Ley Orgánica de Educación
La presentación de los principios básicos de la Ley de Orgánica de Educación que
afectará a los niveles de enseñanza no universitarios desde la Educación Infantil hasta
la Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional por parte del Gobierno
central con el objeto de iniciar la tramitación parlamentaria este otoño ya ha vuelto a
despertar las inquietudes de la patronal de centros religiosos, de la jerarquía
eclesiástica y, naturalmente, del PP, siempre dispuestos a apuntarse a todos los
bombardeos necesarios para desgastar a esa conspiración universal de ateos,
terroristas, laicos y progresistas que están construyendo el infierno en la tierra
y contribuyendo a la disolución de este país.
Sin embargo, la simplificación y el tremendismo de empresarios, obispos y dirigentes
conservadores no se
corresponde, en absoluto, con la realidad y en nada justifican las movilizaciones
anunciadas por estos descubridores de las pancartas y los derechos de manisfestación que
vienen confundiendo sistemáticamente sus creencias que no opiniones susceptibles de
intercambiarse en un debate abierto y verdaderamente democrático con una variante de la
Ley Natural o del dogma católico que todos, al margen de la religión que profesen o no,
deben aceptar y cumplir.
Porque, resulta evidente y parafraseando a alguno de sus más insignes
rerpesentantes, que bajo el envoltorio de una supuesta defensa del interés general y de
la libertad de enseñanza volvemos a encontrarnos, como ya ocurriera a proposito de la
LODE o del divorcio y el matrimonio homosexual, el principio del fin del mundo o
del pecado masivo, con una cortina de humo emocional para ocultar las auténticas
razones ideológicas y económicas que
explican esta oposición desaforada y callejera para seguir, de forma cruda y pura,
disfrutando de sus posiciones de poder y del control sin límites sobre las conciencias de
la población.
Y es que la prudencia con que viene siendo tratada la cuestión religiosa y educativa
en este país parece, por contra, que no hace más que multiplicar los sentimientos
apocalípticos de quienes, en el fondo, han concebido la educación como un negocio
económico y un sistema de adoctrinamiento amén de un instrumento básico de
discriminación social para la formación de élites, la creación de guetos y el rechazo
a la multiculturalidad y la integración de las minorías que niega las libertades
elementales, el pluralismo y la autonomía de pensamiento entre los alumnos afectados,
refuerza el sentido patrimonial y hereditario de sus padres los hijos como mercancía o
propiedad, y
recrea y proyecta dogmas o valores incompatibles con los principios constitucionales o la
misma Declaración Universal de los Derechos Humanos tal como lo refleja el propio
Concordato en relación a los privilegios que le otorga a la Iglesia en materia de
financiación pública del clero, de las exenciones fiscales o la conservación de su
Patrimonio, de las arbitrarias relaciones laborales con sus contratados docentes, o de la
excepcional situación de la propia asignatura de Religión en los Planes de Estudio; por
no hablar de las profundas contradicciones del portavoz de la Conferencia Episcopal que al
anunciar su público apoyo a las movilizaciones y manfestaciones de la Confederación
Católica de Padres de Familia y del PP por lo que considera un ataque a los
derechos fundamentales de la las personas por parte de la LOE y el Gobierno de la nación,
olvida los que la Iglesia
ignora al discriminar a la mujer en el acceso al sacerdocio, al reforzar el carácter
jerárquico y autoritario de una institución que rechaza la participación democrática
de sus miembros en la gestión interna, el control de su patrimonio o la toma
de decisiones, y al seguir manteniendo una concepción completamente atrabiliaria y
paranoica sobre la sexualidad que pretende imponer al resto de la sociedad a
través de la prohibición de los anticonceptivos o la paternidad y maternidad
irresponsables, entre otros ³ataques a derechos fundamentales² y sin entrar en mayores
consideraciones teológicas.
Todo esto, desde luego, no debería enturbiar ni distraer el debate en profundidad de la
LOE, la LOCE y la LOGSE en cuanto a su oportunidad y contenidos (dejando,
incluso, a un lado los propios excesos de incluir la
asignatura confesional como obligatoria y evaluable cuando ni siquiera el propio
Concordato ni todos estos 27 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución
lo habían admitido o la necesidad de que la Iglesia
creara sus propias catequesis) para corregir las causas del fracaso escolar, elevar la
calidad de la enseñanza, mejorar las condiciones laborales del profesorado y su
actualización científica y didáctica, estimular la participación de la comunidad
educativa y la cooordinación entre todas las Administraciones Públicas, faciltar la
integración social y laboral, potenciar los gabinetes y programas psicopedagógicos y de
orientación profesional, racionalizar los curriculums con la disminución del número de
asignaturas, precisar los mecanismos de repetición de curso y los
criterios de evaluación colectiva final de las Juntas de profesores al menos en Primaria
y Secundaria, disminuir las ratios profesor/alumno, generalizar el uso de nuevas
tecnologías, establecer mecanismos de evaluación internos y
externos que permitan las correcciones o readaptaciones necesarias, reforzar la atención
a la diversidad y las
tutorías personalizadas, extender el uso y apertura de los centros e instalaciones
escolares fuera de los horarios
lectivos con la organización de actividades complementarias o de refuerzo, ampliar la
oferta de Bachilleratos y ramas o módulos de Formación Profesional, garantizar la
cobertura de programas suficientes de Garantía
Social, avanzar progresivamente en la gratuidad de los libros de texto...,entre otros
objetivos.
La LOE , no obstante, necesita de definiciones más concretas en materia de
financiación y distribución del coste de su aplicación entre las CC.AA. y el Gobierno
central; del establecimiento preciso de los contenidos mínimos que han de impartirse en
el conjunto del país y que ha de moverse en un 45-65% según la naturaleza de cada
Comunidad, tal como ha venido haciéndose; de restablecer el calendario de septiembre para
las convocatorias
extraordinarias por elemental razón pedagógica; de definir con claridad la carrera
docente o las funciones de los departamentos y tutorías, incluida la revalorización
económica y el rechazo al igualitarismo o la polivalencia docente; de posibilitar la
introducción de desdobles en más asignaturas y extender las secciones bilingües; de
incorporar, de
forma más sistemática y generalizada compartiendo incluso sus contenidos con las
asignaturas tradicionales de lengua y literatura, tecnologías y disciplinas de
comunicación audiovisual e informática; de elaborar reglamentos de régimen interno y
disciplinarios claros y operativos para los deberes y derechos de los alumnos y la
competencia
de los profesores o las direcciones de los centros en la materia; de obligar a
diseños ecológicos y sostenibles de los
edificios e instalaciones escolares; o de ir considerando la creación de gimnasios
específicos o salones de actos polivalentes que sean algo más que espacios desnudos o
habitaciones con sillas.
Por último, la LOE ha de consagrar, en respuesta al autoritarismo que la LOCE del PP
intentó aplicar, la democratización y participación directa de la comunidad educativa
en la elección de director y la gestión cotidiana;
un sistema de becas y ayudas suficientemente generoso y justo ante los abusos y fraudes
fiscales que puedan cometerse; la estrecha coordinación con los gobiernos locales
para afrontar los conflictos sociofamiliares subyacentes en muchos alumnos; y un
reforzamiento de la educación en valores la paz, la solidaridad, la democracia, la
salud, el respeto al medio ambiente, la igualdad, la sexualidad responsable... como
objetivo final e imprescindible de un modelo educativo digno de la sociedad del siglo XXI.
Emilio Carrera.
Catedrático de Geografía e Historia en el IES Valle del
Saja. Cabezón
de la Sal (Cantabria)