¿A QUIÉN DAR EL TÍTULO DE GRADUADO DE ESO?

Artículo publicado en “Diari de Terrassa”, el 28 de octubre de 1997.

Amplia repercusión en la enseñanza secundaria está teniendo el comentario de la Plataforma del Vallés y Otras Comarcas sobre las presiones de la Administración, a través de la Inspección y de los EAPs, para que los centros opten por facilitar al máximo la obtención del Graduado de Educación Secundaria por parte de la mayoría de los alumnos. Ello prueba, de entrada, el peso de la Plataforma, pues, curiosamente, nadie pareció reaccionar cuando una semana antes La Vanguardia publicaba lo siguiente sobre la última normativa oficial en torno a la evaluación de la ESO:

“Viene a decir que no existen unos niveles mínimos para esa etapa sino que por su carácter finalista debe evaluarse de forma individualizada según los progresos y perspectivas de los alumnos y que el ‘hecho de haber finalizado esta etapa sin la titulación mínima puede afectar seriamente a su inserción social y laboral’. En algunos centros muy rigurosos, los inspectores lo han dicho de forma mucho más rotunda: hay que reducir el número de suspensos en la ESO”.

Esto es lo que la Plataforma planteó en su rueda de prensa en Barcelona, con la presencia, entre otros periodistas, de quien firmaba la información citada. Allí no sorprendió a nadie. La Plataforma, además, conoce casos concretos -y cercanos- de gentes de los EAPs que hacen campaña para esa acreditación generalizada, lo cual recuerda, sin duda, al famoso “aprobado general político”. Por suerte, de fiar en los responsables comarcales, que, curiosamente, se han dado por aludidos, se sabe que en el Vallés la Inspección no presiona…

La verdad es que el problema de a quién y con qué criterios se otorga el Graduado va a ser estrella este curso en los centros que ya tienen alumnos de 4º de ESO. Hasta hace unos meses, los datos de suspensos iban, según fuentes oficiales o socialistas, del 24 al 40 %; ahora se habla del 19, 2 %; en cualquier caso, de decenas de miles de alumnos. El alumnado sin Graduado queda excluido de toda enseñanza reglada y, como los llamados Cursos de Garantía Social están poco desarrollados, cabe razonablemente prever -como ya prevé la propia Administración- que muchos miles de jóvenes pueden verse seriamente afectados en su inserción social y laboral. Precisamente fueron personas de la Plataforma quienes el curso pasado airearon esta amenaza de marginación social y es sabido que aquella denuncia llegó a muchas instancias. Ahora bien, ¿qué solución preparar para ese seguro problema futuro? Ahí llegan el aviso y la propuesta de la Plataforma: como aviso, que la Administración podría intentar zanjar el problema de los suspensos instando a no suspender; como propuesta, que los profesores deben plantearse la elaboración de criterios para la concesión del Graduado. El aviso ha hecho diana; esperemos que también la haga la propuesta.

¿Resulta justo no dar el Graduado a quiénes, dentro de sus limitaciones, se han esforzado, aunque hayan quedado lejos de los niveles de sus compañeros? ¿Resulta justo dar el Graduado, título único y con igual validez, tanto a los alumnos que han logrado alcanzar, materia por materia, los objetivos marcados, como a los que lo han conseguido sólo en algunas o en ninguna de ellas? ¿Cómo cabe suponer que afectaría a la moral de alumnos y profesores la constatación, en su caso, de que se haga lo que se haga, todo concluye en el mismo Graduado? ¿Deben ser los profesores quienes carguen con la tensión moral de los suspensos por la secuela de alumnos marginados?

El problema lo creó la LOGSE al establecer una única titulación válida para acceder a otros estudios, incluso la formación profesional. ¿Sería conveniente modificar la LOGSE e introducir otras titulaciones que abriesen otras puertas? Algún sindicato, de clase, lo propone…Queda mucho por debatir, sin duda, y la Administración, hoy por hoy, no tiene respuestas.

El profesorado y quienes tienen responsabilidades en la enseñanza deben asumir el reto de este debate. Hará falta mucho diálogo. La Plataforma lo ha intentado en otros asuntos y cabe afirmar que con aquellos que se han acercado a ella, oficial o extraoficialmente, ha conseguido claros acercamientos de posturas. Si Direcciones Generales, normativas de comienzo de curso, Parlamento, editoriales de revistas especializadas, profesores de universidad, sindicatos o asociaciones profesionales, etc., comulgan, al menos parcialmente, con los trece puntos de su Manifiesto, ello es porque existen buenas razones y buena comunicación. Con quienes no se puede dialogar es con quienes una, dos, tres y más veces rehuyen el encuentro, y se limitan a hacer de mastines de la interpretación cerrada y ortodoxa, de una obsoleta ortodoxia rechazada incluso por altos cargos, como, por ejemplo, la Directora General de Orientación Educativa en su artículo publicado en Avui el ocho de octubre.

En este curso escolar el problema de la acreditación, así como los otros ya planteados, deben encontrar soluciones satisfactorias. Quienes trabajamos en los centros, en contacto con los alumnos, enseñándoles, ayudándoles y orientándoles, como siempre, y lo hacemos con ilusión, creatividad y responsabilidad, nos esforzaremos por encontrarlas, aplicarlas y hacerlas ley, en favor de nuestra digna enseñanza pública.

Isidro Cabello Hernandorena

Portavoz de la Plataforma del Vallés y Otras Comarcas.

Máster en Gestión y Dirección de Centros Educativos.