Este texto repasa las distintas leyes españolas de educación: la Ley General de Educación de 1970, que inició la llamada escuela comprensiva; la catastrófica LOGSE, que ha elevado el fracaso escolar en España al 30% del alumnado en Secundaria; la LOCE, intento del Partido Popular de elaborar una ley que primara el esfuerzo, el estudio y la responsabilidad personal de los estudiantes. Sin embargo, la llegada al poder del PSOE ha significado la precipitada elaboración de la LOE, que acaba con los criterios de calidad y de reconocimiento del mérito, y vuelve a principios dogmáticos, como el igualitarismo y la responsabilidad compartida, que otros socialismos europeos han abandonado ya por ruinosos.

I. LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA EN PERSPECTIVA

La Ley General de Educación de 1970

En 1969 el Ministerio de Educación Nacional publicó el que se llamó Libro Blanco de la educación, en el que se recogía una serie de datos que demostraban la necesidad urgente de emprender una importante reforma educativa. La reforma, que desembocó en la Ley General de Educación de 1970, pretendía no sólo facilitar el acceso a la educación de todos los ciudadanos, sino también modernizar el sistema educativo según las ideas pedagógicas más “progresistas” que circulaban entonces por la Europa occidental.

Los ocho cursos (de seis a catorce años) de Enseñanza General Básica (E.G.B.) de la Ley de 1970 respondían ya a ese patrón de escuela que hoy se llama “comprensiva”, es decir, aquel según el cual la enseñanza ha de ser idéntica para todos, realizarse en el mismo tipo de centros y con los mismos profesores.

Es indudable que la Ley General de Educación supuso un gran avance social, ya que se logró la escolarización de todos los niños hasta los 14 años y, en la práctica, la casi totalidad de los de 16 quedó escolarizada. Sin embargo, tuvo algunos defectos de consecuencias desastrosas. El más importante fue que, por miedo al fracaso escolar, se suprimieron las reválidas y, con ellas, todas las pruebas externas y todos los obstáculos académicos oficiales hasta la llegada a la Universidad.

La nueva EGB (Enseñanza General Básica) se convirtió, en la práctica, en una enseñanza primaria que abarcaba desde los 6 hasta los 14 años. Es importante reseñar que tanto la eliminación de exámenes como la extensión de la competencia de los maestros sobre los alumnos de los 12 a los 14 años no se había ni se ha  producido en casi ninguno de los otros países europeos.

Aquella Ley de 1970 cumplió con su objetivo democratizador pero, a la larga, produjo un notable descenso del nivel de conocimientos y una relajación preocupante de la disciplina escolar.

“La Ley General de Educación de 1970 mejoró mucho la educación española, pero también tuvo defectos de consecuencias desastrosas, como la supresión de las reválidas”

La LOGSE

Cuando, a finales de los ochenta, empezaba ya a resentirse la escuela de la falta de exigencia y autoridad de los profesores, el Gobierno socialista emprendió una revolucionaria reforma del sistema de enseñanza que culminó, en 1990, con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, la LOGSE. Según sus promotores, una vez conseguido un alto nivel de escolarización básica y secundaria, la escuela debía servir para compensar las desigualdades sociales, y eso sólo se lograría si se adoptaba un sistema de enseñanza “comprensivo y homogéneo” para todos los jóvenes al menos hasta los 16 años.

La LOGSE establecía una larga enseñanza básica de carácter obligatorio y gratuito que comprendía dos etapas: la Educación Primaria, de 6 a 12 años, y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de 12 a 16. Se retrasaba dos años la posible incorporación de los alumnos a la Formación Profesional y se reducía el Bachillerato a sólo dos cursos. En realidad, éste era el modelo de las Comprehensive Schools, característico del laborismo británico e impuesto por ley en el Reino Unido en 1976. Esta copia del sistema británico por los socialistas españoles se producía tres años después de que el Gobierno de Margaret Thatcher hubiera decretado el National Curriculum, una ley que trataba de paliar los efectos negativos de las Comprehensive. Las medidas fundamentales de la reforma de Thatcher fueron la formación de grupos de diferente nivel dentro de cada uno de los cursos y la realización de pruebas o exámenes al final de la enseñanza primaria, al terminar los dos primeros años de la secundaria y al final de la secundaria obligatoria.

Tras la aprobación de la LOGSE, las administraciones educativas socialistas organizaron un complicado entramado burocrático para impulsar su implantación. Como si se tratara de un dogma y no de una ley, se decía que los profesores debían no sólo conocerla y estudiarla, sino también “creer” en ella.

Cuando en 1996 ganó el Partido Popular las elecciones generales, la LOGSE no era aún una realidad y sólo algunos institutos, de forma experimental, se habían ya acogido a ella. El PP se vio obligado a impulsar la implantación de una ley a la que siempre se había opuesto y que era absolutamente dogmática.

“Como si se tratara de un dogma y no de una ley, el Gobierno socialista afirmaba que los profesores debían no sólo conocer  la LOGSE, sino también `creer´ en ella. Resultado, el 30% de los alumnos abandona el sistema escolar sin el título más elemental”

Como era previsible, la larga escolarización ha provocado que muchos adolescentes, casi un 30%, abandonen actualmente el sistema escolar sin haber obtenido el título más elemental: el Certificado de Educación Secundaria Obligatoria. Pero es que, además, no sólo se ha reducido notablemente la exigencia académica sino que, en los Institutos de Educación Secundaria, crecen los problemas de convivencia escolar debidos, esencialmente, a la explosiva mezcla de adolescentes con intereses, capacidades y aficiones diferentes.

La LOCE

El PP, al ganar las elecciones generales con mayoría absoluta en el año 2000, emprendió la tarea de elaborar una nueva ley de educación. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) fue aprobada en diciembre de 2002 y mantenía el sistema escolar más o menos como estaba, pero introducía en la secundaria obligatoria algunas medidas orientadas a resolver los mayores problemas que la LOGSE había creado. Entre las más significativas:

· La obligación de repetir curso para los alumnos con tres o más asignaturas pendientes y la posibilidad de recuperar los suspensos con exámenes de septiembre.
· El establecimiento de distintos itinerarios a partir de 3º de la ESO.
· La posibilidad, para alumnos con 15 años, de terminar la secundaria obligatoria cursando programas de iniciación profesional.
· La autorización a los profesores para, en casos excepcionales, privar a los alumnos de más de 16 años del derecho a permanecer en los centros escolares.
· La atribución a las administraciones educativas de un mayor poder de decisión en la selección de directores de centros.
· La posibilidad de “especializar curricularmente” los centros públicos.

La LOCE fijó el porcentaje mínimo de las enseñanzas básicas que corresponde establecer a la Administración del Estado: 55% para Comunidades Autónomas con lengua propia y 65% para aquellas que no la tengan. Además, la LOCE reivindicaba el valor de la instrucción, del estudio y del esfuerzo personal.

Estos remedios que pretendía poner la ley del PP a un sistema que hacía agua por todas partes, no fueron del agrado de los “creyentes” de la LOGSE porque, decían, convertía el sistema “integrador” de su ley en otro “segregador”. Ello explica que, nada más ganar las elecciones del 14 de marzo del 2004, Rodríguez Zapatero anunciara la paralización de la Ley de Calidad.

Aunque algunos artículos de la LOCE estaban siendo aplicados en el curso 2003-04, la organización de las enseñanzas, como tal, precisaba de un posterior desarrollo normativo que hacía difícil su implantación antes del curso 2004-05. Por otra parte, la Ley establecía un plazo máximo de cinco años para quedar totalmente implantada. El 28 de mayo de 2004, el Ministerio de Educación publicó un Real Decreto por el que se establecía un nuevo calendario de aplicación de la LOCE que retrasaba la implantación de las nuevas enseñanzas hasta el curso 2006-07. De esta forma, la nueva ministra, María Jesús San Segundo, disponía de dos años para elaborar una nueva Ley de Educación.

“Entre otras cosas, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) elaborada por el PP, reivindicaba el valor de la instrucción, del estudio y del esfuerzo personal. Eso explica que nada más ganar las elecciones Zapatero anunciara su paralización”

En lugar de recurrir a un procedimiento tan irregular, el Gobierno socialista podía haber imitado a los laboristas británicos que, cuando en 1997 llegaron al Gobierno, no sólo mantuvieron las medidas del National Curriculum, sino que, atendiendo a estudios que mostraron que el descenso de los resultados académicos se debía a “dogmas pedagógicos más que cuestionables” cambiaron su política educativa. Tony Blair presentó el programa electoral para el 2001 con unas declaraciones que supusieron un duro golpe a la pedagogía progresista del siglo XX: “A pesar del idealismo que acompañó la creación de las Comprehensive Schools, solamente una minoría de alumnos ha conseguido resultados aceptables; ha llegado la hora de poner fin a la “comprensividad” que ha hecho fracasar a muchos escolares durante 35 años”.

La LOE

El pasado 22 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Los socialistas españoles, incapaces de aceptar el evidente fracaso de la llamada “comprensividad”, han preparado una ley que apuntalará el sistema y los principios de la LOGSE impidiendo poner en marcha las reformas previstas por la LOCE. Aunque no se dice claramente, se puede adivinar que, para la izquierda, el gran “pecado” de la Ley de Calidad fue olvidarse del dogma sagrado de la “equidad”. De ahí que los autores de la futura Ley afirmen categóricamente que “no puede haber calidad sin equidad”.

Esta equidad tiene, para el actual Gobierno, un doble significado. Por un lado, se trata de que se repartan los alumnos “difíciles” de forma “equitativa” entre la enseñanza pública y la concertada; por otro, de impedir que se valore el mérito académico de los escolares en los años de educación obligatoria. Además, desde la izquierda no se ve bien el fomento del esfuerzo individual porque se considera expresión del “neoliberalismo capitalista”. El esfuerzo, dice la LOE, más que individual, ha de ser “de toda la sociedad”.

La “equidad” y la “responsabilidad compartida” son los principios que inspiran la futura Ley. Dado que es “el sistema” quien debe asumir la responsabilidad del fracaso escolar, no es el alumno el que debe esforzarse por aprender y aprobar, sino el centro escolar y las Administraciones quienes deben facilitarle, hasta extremos insospechados, que lo haga; de ahí la supresión de los exámenes de septiembre, la limitación de las repeticiones de curso y la institucionalización de los “programas de diversificación curricular” o planes de estudio a la carta.

II. LA IZQUIERDA Y LA EQUIDAD

Para la izquierda española, la misión de la escuela es compensar las desigualdades sociales, y esto, dice, se podrá lograr sólo si el sistema de enseñanza es homogéneo y “comprensivo” hasta la edad adulta. Dado que la LOCE pretendía introducir unas medidas que rompían esa homogeneidad, el primer objetivo de la LOE es, sencillamente, impedir que éstas se realicen. Así:

· Se suprimen los exámenes de septiembre en 1º, 2º y 3º de ESO. Los alumnos con más de tres suspensos deberán repetir o pasar de curso con asignaturas pendientes sin darles la posibilidad de recuperar.
· Se vuelve a una promoción casi automática limitando a dos las repeticiones de curso en la ESO.
· Se suprimen los itinerarios en 3º de ESO.
· Se prohíbe que se pueda iniciar antes de los 16 años un programa de formación profesional.
· Se impide la exclusión del sistema escolar de alumno alguno antes de terminar la ESO o de haber cumplido los 18 años.
· Se resta peso a las administraciones educativas en la selección de directores de centros escolares.
· No se contempla la posibilidad de centros con “especialización curricular” (que son vistos por la progresía como una “excusa” para crear  “distintas categorías” de centros).

Por otra parte, a la hora de establecer las competencias del Estado para fijar los contenidos mínimos de los currículos, se vuelve a la peligrosa redacción de la LOGSE, que permite a cada Comunidad Autónoma fijar su propio programa de estudios.

“Para el Gobierno socialista, `equidad´ significa, ante todo, impedir que se valore el mérito académico de los escolares. El esfuerzo, dice la LOE, más que individual, ha de ser de toda la sociedad”

Pero lo más sorprendente de la LOE es que cuando ya, en España y fuera de ella, se hace evidente la necesidad de recuperar el valor educativo de la disciplina, del esfuerzo o de la exigencia, los socialistas insisten en resolver los problemas con medidas inspiradas en lo que se ha dado en llamar “angelismo” escolar, causa principal de los males actuales de la escuela pública. Las soluciones que se proponen sólo se explican si están dictadas por el sectarismo y la demagogia.

Un ejemplo de lo que la izquierda española entiende por “equidad” se puede ver en la interpretación hecha por el Gobierno de los resultados de la evaluación internacional conocida como Estudio PISA, 2003, donde, según palabras del actual Ministerio de Educación y Ciencia, nuestro país ha quedado situado “mal en calidad pero bien en equidad”. 

El INECSE (Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo), organismo del MEC que ha dirigido la participación española en PISA, se ha mostrado bastante satisfecho con los resultados, puesto que, según dice, aunque España se encuentra aún falta de excelencia, “está muy bien situada en cuanto a equidad” y esto se debe, dicen los expertos del INECSE, al carácter comprensivo e integrador de nuestro sistema educativo y a la carencia de itinerarios escolares: “Los países con sistemas educativos segregadores y con itinerarios formativos -Bélgica, Alemania, Suiza- producen mayores dispersiones en los resultados, mientras que países con un sistema educativo más integrador y comprensivo, España entre ellos, tienden a ofrecer menor dispersión”.

Pues bien, comparemos los resultados de Bélgica, de “sistema segregador”, con España, orgullosa de su ”sistema integrador”: Bélgica consiguió 529 puntos, España 485; Bélgica ocupó el octavo lugar entre los participantes, España el 26. Por otra parte, casi la mitad de los escolares belgas resuelven problemas de matemáticas con una dificultad alta y media alta, mientras que sólo el 25% de los españoles lo hace, y siendo el porcentaje de españoles malos y muy malos en matemáticas del 23%, con el sistema educativo belga lo es del 16%.

“Lo más sorprendente de la LOE socialista es que, cuando se hace más evidente la necesidad de recuperar el valor educativo de la disciplina, del esfuerzo y de la exigencia, insiste  en abordar los problemas con medidas inspiradas en el  “angelismo” escolar”

La satisfacción del Ministerio de Educación no tiene, pues, razón aparente. Por mucho empeño que ponga en demostrar que la relación excelencia-equidad es mejor en los países con un sistema comprensivo o integrador que en aquellos que tienen “sistemas educativos segregadores y con itinerarios formativos”, del informe PISA se deduce, precisamente, lo contrario.

La doble red de centros y la escolarización de los inmigrantes

Una de las consecuencias de la LOGSE ha sido el aumento de la demanda de plazas en colegios concertados, centros sostenidos con fondos públicos y de titularidad privada. En comparación con los centros públicos, estos colegios, quizás entre otras razones porque han sido capaces de recuperar esos valores tradicionales de los que la izquierda reniega, están resultando menos costosos para el erario público y más atractivos para una gran parte de la sociedad.

Esta situación preocupa enormemente a la izquierda, pues sabe bien que la “comprensividad” del sistema escolar solamente puede triunfar si se impone a todo el mundo y si nadie puede escapar a ella. El Gobierno socialista, por un lado, quisiera acabar con esta “doble red de centros” que pone cada día más en evidencia el fracaso de su “utopía igualitaria”, pero, por otro, teme, y con razón, que hacerlo provocaría la indignación de una inmensa mayoría de ciudadanos para los que la enseñanza concertada se presenta como tabla de salvación. De ahí la oscuridad del MEC al exponer su posición acerca de los conciertos educativos. Afirma la LOE que “la escolarización de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo” deberá respetar la proporción que determinen las administraciones educativas. Estos alumnos son, mayoritariamente, hijos de inmigrantes, por lo que sería conveniente revisar esa idea tan extendida de que  los inmigrantes se matriculan casi exclusivamente en centros públicos.

Y es que, probablemente, más que la “falta de equidad” en el reparto de alumnos, lo que está perjudicando a la escuela pública son esos dogmas pedagógicos que incapacitan a los docentes para reaccionar con sentido común ante los numerosos, y a veces graves, problemas de convivencia que los adolescentes plantean. La titularidad privada de los centros concertados y la competencia entre ellos para captar alumnos ha hecho que, poco a poco, fueran adoptando medidas que, en cierta manera, han paliado los efectos negativos de la aplicación de la LOGSE.

La escuela es esencial en la integración de los inmigrantes. Pero una escolarización homogénea de larga duración y en la que el esfuerzo individual está proscrito resulta perjudicial, además de poco atractiva, para quienes han abandonado su tierra y su familia para buscar en nuestro país un futuro mejor.

III. EL PANORAMA POLÍTICO

En algo más de diez años los ciudadanos han visto desfilar cuatro leyes distintas de educación: la Ley General de 1970, que estuvo vigente hasta 1996; la LOGSE de 1990, que está derogada pero se sigue aplicando; la LOCE de 2002, que es una especie de ley fantasma que está vigente y no se aplica, y la próxima LOE.

La izquierda ha considerado siempre que la escuela es un instrumento revolucionario para lograr el cambio social. Por eso se empecina en ese sistema igualitario que terminará con las élites intelectuales que todo país necesita y que condenará a la mediocridad a varias generaciones de españoles. Dado que sus intenciones son inconfesables, utiliza una retórica bondadosa y demagógica que engaña a los ciudadanos y que resulta bastante difícil de combatir. Frente a un Gobierno que maneja la demagogia y oculta con una magnífica y bondadosa retórica sus peligrosas intenciones, es muy importante para la sociedad que el Partido Popular explique bien y con claridad cuáles son los principios fundamentales que inspiran su política educativa, ya que esos principios pueden ser suscritos por cualquier individuo con sentido común que conserve todavía independencia de criterio.

El primero de esos principios es el respeto al derecho que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, pues suya es, antes que del Estado, la responsabilidad de educar. Habrá libertad de elección si existe diversidad en la oferta educativa. Y esta diversidad debería darse tanto en la red privada como en la pública.
 
En segundo lugar, es necesario que el sistema ofrezca una educación de calidad; lo que exige profesores bien preparados, un clima de buena convivencia en el centro escolar; unos equipos directivos responsables y una buena gestión y administración; además, por supuesto, de los medios apropiados para instruir y formar a los futuros ciudadanos de una sociedad abierta y democrática. En este sentido, son fundamentales las evaluaciones de resultados, y éstas deberían realizarse en cada centro y por cada alumno.

Por último, y en contra de lo que dicen los socialistas, la escuela, más que un instrumento de transformación social, ha de ser un lugar de formación de individuos responsables, dueños de su vida y conscientes de su pertenencia a una sociedad. La escuela debe tratar a todos por igual y dar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades, lo que nada tiene que ver con ese igualitarismo que predican los socialistas en nombre del cual se busca lo mismo para todos, sin exigir esfuerzo alguno, y se desatiende la formación de los más dotados naturalmente y de los que muestran mayor interés por el estudio.

La escuela debe facilitar el acceso a la cultura y al saber de todos los niños, y se debe tener bien presente que una escuela que no enseña y que no exige esfuerzo para aprender perjudica siempre a quienes menos medios tienen, porque a éstos sólo la escuela puede proporcionarles un futuro mejor.

“Una escuela que no enseña y que no exige esfuerzo para aprender perjudica siempre a quienes menos medios tienen, porque a éstos sólo la escuela puede proporcionarles un futuro mejor”

La Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables
A primeros de abril de 2005 la Presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que los niños de 6º de primaria realizarían una prueba para comprobar si habían adquirido las destrezas y los conocimientos que se consideran indispensables para comenzar, con garantías de éxito, la Educación Secundaria Obligatoria. Durante el mes que medió entre el anuncio y la realización de la prueba, las protestas de los sectores de la izquierda no cesaron. Se afirmó que se trataba de un examen-sorpresa, que la Consejería de Educación tenía objetivos inconfensables, que el final de la primaria no era el momento oportuno de evaluar a los escolares, que los niños iban a ser traumatizados, que esta prueba iba a sembrar confusión en las familias y que la medida respondía a estrategias políticas y no educativas.

Además de conocer el nivel con el que los escolares terminaban la primaria, se pretendía que la prueba sirviese para fijar unos conocimientos mínimos indispensables, orientar a los maestros, informar a los padres sobre el aprovechamiento escolar de sus hijos y dotar a los centros escolares y a la Administración de una herramienta útil para evaluar cualquier proyecto educativo o plan de mejora del rendimiento escolar.

La prueba, a la que se llamó de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI), se realizó el 10 de mayo de 2005 con toda normalidad en 1.160 colegios de la Comunidad de Madrid.