Tres mil jornadas de viaje submarino

(periplo de los catedráticos de la condición)

La ejecución de sentencias ordenada en junio de 2000 por el Departamento de Enseñanza, con el asentimiento previo de la mayoría de las partes y entidades implicadas, parece que ha puesto fin a la incertidumbre de los 1.168 catedráticos que adquirieron la logsiana condición el 26 de febrero de 1993. Para llegar a esta solución hemos tenido que ver pasar a diversos titulares de la Consejería y de la Dirección General de Recursos Humanos, y realizar –en la luz y en la sombra- innumerables gestiones y consultas ante los propios recurrentes de nuestro concurso, servicios jurídicos institucionales y particulares, catedráticos de Derecho, sindicatos y colegios profesionales, políticos y parlamentarios, presidente de la Generalidad, otras Administraciones, junta de directores, periodistas, etc. Como balance general de estas tres mil jornadas de periplo, cabe señalar que, si se ha llegado a buen puerto, ello se ha debido, no exclusiva pero sí especialmente, a tres conjuntos de acciones: de los afectados, de la Comisión de afectados y de la Asociación de Catedráticos (ACESC-ANCABA).

            Unos quinientos neocatedráticos afectados respondimos a la necesidad de iniciar las vías judiciales para defender el derecho de todos a mantener la condición que ya teníamos reconocida administrativamente a todos los efectos, y por dos veces contribuimos económicamente a los previsibles gastos procesales. Asimismo, en diversas ocasiones nos reunimos en pobladas asambleas deliberativas y decisivas sobre la línea de acción que debíamos seguir. Cierto es también que no pocos compañeros miraban hacia otra parte confiados en que un deus ex machina aparecería al final como por arte de birlibirloque para solucionar el problema y, por tanto, aparentaban un desdeñoso distanciamiento de los afanes colectivos. Pero de haber sido ésa la única postura en el conflicto, se hubiera abierto camino la “solución” que en los primeros tiempos proponían la Administración y algunos sindicatos: o la repetición del concurso o la rebaremación total y con ello quedar al albur de a quien Dios se la diera que San Pedro se la bendijera. Hoy, además,  seguiríamos sin salir a flote, enfrentados unos con otros e inmersos en una maraña de recursos y contrarrecursos interminables.

            Precisamente para evitar ese desaguisado surgió, en una asamblea, la Comisión de Afectados que, desde el principio, a comienzos de 1994, se fijó el objetivo de conseguir, en el menor tiempo posible, el mantenimiento de todos los nombramientos. Su labor, larga, constante, minuciosa, se centró en el estudio de los textos normativos de la convocatoria, en la recolección y análisis de las diferentes sentencias del TSJC, en el intercambio de puntos de vista y búsqueda de sugerencias con los servicios jurídicos de varios sindicatos y colegios profesionales, en la relación permanente con altos y medianos cargos de la Administración educativa para plantear y recoger propuestas de solución, en la convocatoria de otras asambleas y concentraciones de afectados, en el envío de comunicados periódicos con información sobre el estado de las gestiones, en la denuncia escrita ante los máximos cargos del Ejecutivo autonómico de actuaciones deficientes de sus servicios jurídicos. A partir de la propuesta de solución planteada por el abogado Sr. Francesc Caminal, entonces asesor externo del Colegio de Licenciados y hoy vocal del Consejo Superior del Poder Judicial, la Comisión, con el apoyo explícito de la asamblea, optó como vía de solución por la inejecución de sentencia por razones de orden público procesal, ante los graves perjuicios, algunos irreparables, que la aplicación de las sentencias causaría a los 1.168 afectados.

Esta inejecución de sentencia presentaba dos vertientes: por un lado, la consolidación de los derechos adquiridos de los nuevos catedráticos, y, por otro, la satisfacción a las partes demandantes y con recursos ganados. Esta solución parecía la mejor a la Comisión dado que resolvería y cerraría en breve plazo el problema, sin posibilidad de recurso posterior, daría una satisfacción -que habría que negociar- a quienes habían ganado el recurso y abriría la posibilidad de una nueva convocatoria dirigida a quienes esperaban legítimamente su oportunidad. La Comisión consiguió ya a mediados de 1996 una reunión amplia de prácticamente todas las partes implicadas y sindicatos donde se aprobó y se asumió esta propuesta de solución. Desgraciadamente, los nuevos cambios en el Ejecutivo hicieron que se perdiera un tiempo precioso y las jornadas fueron pasando bajo el agua.

Un primer dictamen jurídico encargado en 1995 por el Departamento al catedrático de Derecho administrativo, Sr. Balbé, no había aportado excesiva luz al problema; en cambio, otro posterior, encargado en 1997 al Sr. Maresca aportó cuatro vías de solución, dos descartables y dos viables, que, junto con la propuesta del Sr. Caminal, y maduradas todas ellas por el Departamento y el TSJC, probablemente están en la raíz de la actual situación.

De hecho, la solución adoptada por el Departamento coincide en lo esencial con la propuesta de la Comisión: a) consolidación de los nombramientos de los 1.168 catedráticos; b) satisfacción a los demandantes mediante la convocatoria de 728 nuevas plazas con baremo corregido, y c) promesa de una pronta y generosa convocatoria de concurso-oposición dirigida a nuevos aspirantes. La figura jurídica no ha sido la de la inejecución de sentencia sino la de la ejecución pactada entre las partes. Esto se ha podido producir ahora –y no se pudo durante varios años- porque no fue hasta 1998 cuando una modificación del procedimiento procesal permitió a los jueces pactar con las partes una ejecución de sentencia en casos de especial dificultad, como era el que nos afectaba. Este tipo de ejecución es recurrible y de hecho ha sido recurrida, aunque cabe esperar que la juez que admitió hace un año los argumentos para esta solución no admita ahora los contraargumentos del recurrente.

Finalmente, cabe destacar el apoyo decidido y constante que la Asociación de Catedráticos, con su presidente, Jesús Burrel, a la cabeza, ha prestado al colectivo de nuevos catedráticos y también de futuros catedráticos. Fue ella la que tomó la iniciativa de la primera asamblea y se encargó de toda la infraestructura, puso a nuestra disposición a sus servicios jurídicos de entonces –probablemente no muy afinados en sus propuestas de actuación, pero que, al menos, han mantenido abiertos los cauces judiciales-, abrió sus estatutos a los nuevos catedráticos, prestó sus locales y su intendencia para facilitar las reuniones y los comunicados de la Comisión, efectuó todos los trámites para solicitar las reuniones con la Administración –que se negaba a recibir a asambleas de afectados-, financió diversas consultas a acreditados juristas, aceptó las líneas fijadas por la Comisión y las asambleas, alertó a los afectados cuando un abogado y un procurador requirieron sin motivo elevadas cantidades económicas y denunció a los mismos ante sus respectivos colegios profesionales, participó en todas las gestiones oficiales y, especialmente, en la elaboración del pacto de ejecución de las sentencias.

Probablemente, una de las buenas actuaciones que hay que celebrar en este décimo aniversario de ACESC-ANCABA es todo este largo proceso y su resultado, que ha afianzado una forma de carrera docente interrumpida por la negligencia política de algunos responsables. El trabajo colectivo de afectados, Comisión y Asociación de Catedráticos –sin olvidar otras muchas aportaciones oficiales y particulares, que gustosamente agradecemos- ha tenido un efecto sinérgico que señala, además, un modelo de actuación ante los probables problemas de otro tipo que se nos plantearán en el futuro. Por suerte, tenemos ahora la experiencia vivida de qué hacer, cómo hacerlo y con quién asociarnos en nuestros viajes futuros.

Isidro Cabello Hernandorena

Portavoz de la Comisión de Afectados